lunes, 6 de diciembre de 2010

Ya estábamos en estado de alarma

Tras dos días de auténtico infarto, de furia informativa, durante los cuales apenas se ha hablado de otra cosa que del caos provocado por la huelga encubierta de los controladores aéreos, podría ser que no nos dejasen ver la magnitud de la catástrofe –y no precisamente aeroportuaria– a la que colectivamente nos enfrentamos. Porque la realidad es que las torres de control de los aeropuertos no son, ni de lejos, el mayor problema del país. España se encuentra sumida en la mayor crisis económica del último medio siglo, una agudísima recesión que ha venido acompañada de una no menos preocupante crisis política con su corolario de falta de legitimidad para la casta que nos gobierna, y de una profunda crisis de valores que, aunque cristaliza hoy con singular fuerza, arrastramos desde hace una generación.

En esta difícil coyuntura de triple crisis, que se produce, para colmo, de un modo simultáneo, nos hallamos. La económica, quizá la que más certeramente perciba la ciudadanía, no tiene visos de arreglarse en el medio plazo. La economía nacional está paralizada. Y una afirmación como ésta no entra dentro de lo opinable, sino que está atada a hechos perfectamente contrastables, como las desmadradas cifras de desempleo, el endeudamiento público y privado, la fuga de capitales o la ya crónica anemia inversora por parte de los agentes privados.

Las recetas aplicadas sobre el enfermo, una suerte de sangría presupuestaria adornada con grandes dosis de demagogia populista, se han revelado del todo ineficaces. España está mucho peor que hace tres años, momento en que el PIB empezó a caer en picado. Los sucesivos planes de estímulo y las onerosas políticas “sociales” anunciadas a bombo y platillo por Zapatero lo único que han conseguido es asfixiar a los contribuyentes y poner al Estado al borde mismo de la bancarrota en dos ocasiones: una, en el mes de mayo; la otra, hace sólo unos días.

Las reformas que la economía precisa no llegan, o lo hacen con cuentagotas para luego ser retiradas o dulcificadas cuando la fría matemática de las encuestas electorales se vuelve adversa para el inquilino de La Moncloa. Con estos bueyes, definitivamente, no podemos arar, simplemente porque desconocen tan elemental faena.

Éste, el de una casta política elefantiásica e incapaz de atender las demandas de los ciudadanos, es el segundo gran problema de España. Lejos de constituirse en modelo a imitar, los políticos viven en un mundo aparte, rodeados de comodidades, entregados a la ingeniería social y la autocomplacencia, cuando no a la corrupción y el clientelismo. Como consecuencia, las instituciones se encuentran bloqueadas y el crédito de la política en mínimos históricos.

Por último, como mar de fondo, España sufre en silencio una crisis de valores. El relativismo más zafio se ha instalado en nuestra sociedad, que apenas ya distingue entre lo bueno, lo malo y lo peor. De esta gravísima dolencia de orden moral tal vez sea la educación su síntoma más evidente. Tomando por bueno el pernicioso principio del todo vale, la sociedad se ha infantilizado, encumbrando la irresponsabilidad individual y la cultura del mínimo esfuerzo.

Ante problemas de tal envergadura, pretender que el mayor es una simple huelga de controladores, por muy salvaje que ésta haya sido, es propio de sonámbulos que han perdido todo contacto con lo que de verdad está sucediendo a su alrededor.

Seamos sinceros con nosotros mismos; mucho antes de que el Rey sancionase desde Buenos Aires el estado de alarma, ya nos encontrábamos así. Le pese a quien le pese.

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